Ambos son herramientas para el fortalecimiento de la gestión pública y, si bien muchas veces se presentan como sinónimos, no lo son. Aquí desarrollamos algunas claves para diferenciar ambos modelos y comprender qué implica cada uno de ellos.
En la actualidad resulta imposible pensar en una gestión pública alejada de las tecnologías y de las ventajas que de ella derivan. Con el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento surgen dos paradigmas, el de Gobierno Digital y el de Gobierno Abierto. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿que exista uno implica la presencia del otro? ¿por qué muchas veces aparecen como sinónimos?
Se trata de dos conceptos diferentes, que pueden presentarse de manera simultánea -y suelen hacerlo- pero atienden a intenciones distintas. Mientras que el Gobierno Abierto busca más transparencia, participación y colaboración; el gobierno digital busca la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. A veces eso redunda en mayor transparencia, pero otras veces lo que hace es simplificar, tecnificar o eficientizar un proceso; que aún digital continúa “cerrado”.
El Gobierno Abierto es una forma de entender las relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía (personas, activistas, organizaciones...) cuyos pilares son la transparencia, la participación y la colaboración. Responde al agotamiento de las formas tradicionales de gobierno en un mundo en transformación. Implica una nueva mirada: del modelo en que gobernar se consideraba como algo unidireccional de los gobernantes hacia los gobernados, se pasa hacia un modelo bidireccional de ida y vuelta entre Gobierno y sociedad, a partir de una forma de gobierno interactiva.
El Gobierno Abierto ha alcanzado un papel protagónico como modelo de gestión y como base para las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Durante esta última década, varios países de la región impulsaron iniciativas en la misma sintonía, como la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la gestión Pública - aprobada a mediados de 2009-, la Declaración sobre Gobierno Abierto - que contó con el compromiso de más de 50 países en el año 2011-, o la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto impulsada por el CLAD en 2016, que suma a los tres pilares del paradigma de Gobierno Abierto -transparencia, participación y colaboración- las ideas de accountability, innovación pública, calidad de los servicios y desarrollo sostenible.
Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, el Gobierno Abierto se entiende como “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”.
Así, podemos afirmar que la idea de Gobierno Abierto se ha vuelto un poco más compleja y completa, ya que hoy en día incluye temas de rendición de cuentas, innovación, desarrollo sostenible, cooperación público-privada, etc. Al mismo tiempo, la tecnología ha desarrollado un rol central, por su potencial a la hora de la puesta en práctica del Gobierno Abierto (pensemos, por ejemplo, en las posibilidades de Internet para la difusión de información pública o para la digitalización de algunas interfaces de participación ciudadana).
El gobierno digital refiere al uso y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs) y sus herramientas en la prestación de servicios públicos. Se trata de la aplicación de la tecnología con el objetivo de mejorar las capacidades de comunicación y lograr con ello gobiernos más eficientes. En la actualidad, está basado principalmente en la implantación de herramientas como portales, redes sociales, apps y comunidades virtuales que buscan mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos estatales internos y en las vinculaciones con la sociedad.
Sin embargo, es preciso poner atención en una distinción. Gobierno Abierto no es lo mismo que gobierno digital o electrónico. Este último busca fomentar la introducción y uso de tecnologías de información y comunicación en la gestión estatal, a partir de principios de eficiencia y transparencia. A diferencia del Gobierno Abierto, el gobierno digital se orienta a cuestiones de gestión. Así como un Gobierno Abierto podría serlo sin contar necesariamente con el auxilio de la informática, un gobierno electrónico no es necesariamente abierto.
Una cuestión clave a tener en cuenta es que el uso del concepto de gobierno digital no implica un cambio en los valores ni en los principios que rigen el desempeño del sector público, sino que refiere exclusivamente al uso de las tecnologías con la finalidad de elevar el rendimiento, la eficiencia y eficacia de los procesos gubernamentales y la prestación de los servicios públicos.
Tenemos que distinguir entre políticas de Gobierno Abierto y tecnologías de gobierno digital: la tecnología puede transparentar la información pública, empoderando a terceros para que contribuyan y colaboren; pero ni los avances tecnológicos por sí solos resuelven los debates en torno a la vida cívica, ni las mejoras tecnológicas son sustitutas de los mecanismos de rendición de cuentas.
Ambos procesos son positivos, pero es preciso evitar nombrar políticas de digitalización como iniciativas de gobierno abierto (rara vez ocurre lo contrario). El GA tiene buena prensa pero requiere realmente dar un paso en materia de uno de sus tres principios. Ejemplo: la incorporación de la posibilidad de realizar trámites on line, si bien digitalizan y eficientizan el gobierno facilitando y simplificando la relación entre Estado y ciudadanía, no significa ningún avance en términos de transparencia, participación o colaboración. El gobierno abierto busca democratizar, mientras que el gobierno digital se orienta a la eficiencia. Digitalizarse es consecuencia de incorporar tecnologías propias de este momento histórico, abrir es consecuencia de la voluntad política.
Se trata de dos conceptos diferentes, que pueden presentarse de manera simultánea -y suelen hacerlo- pero atienden a intenciones distintas. Mientras que el Gobierno Abierto busca más transparencia, participación y colaboración; el gobierno digital busca la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. A veces eso redunda en mayor transparencia, pero otras veces lo que hace es simplificar, tecnificar o eficientizar un proceso; que aún digital continúa “cerrado”.
El Gobierno Abierto es una forma de entender las relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía (personas, activistas, organizaciones...) cuyos pilares son la transparencia, la participación y la colaboración. Responde al agotamiento de las formas tradicionales de gobierno en un mundo en transformación. Implica una nueva mirada: del modelo en que gobernar se consideraba como algo unidireccional de los gobernantes hacia los gobernados, se pasa hacia un modelo bidireccional de ida y vuelta entre Gobierno y sociedad, a partir de una forma de gobierno interactiva.
El Gobierno Abierto ha alcanzado un papel protagónico como modelo de gestión y como base para las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Durante esta última década, varios países de la región impulsaron iniciativas en la misma sintonía, como la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la gestión Pública - aprobada a mediados de 2009-, la Declaración sobre Gobierno Abierto - que contó con el compromiso de más de 50 países en el año 2011-, o la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto impulsada por el CLAD en 2016, que suma a los tres pilares del paradigma de Gobierno Abierto -transparencia, participación y colaboración- las ideas de accountability, innovación pública, calidad de los servicios y desarrollo sostenible.
Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, el Gobierno Abierto se entiende como “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”.
Así, podemos afirmar que la idea de Gobierno Abierto se ha vuelto un poco más compleja y completa, ya que hoy en día incluye temas de rendición de cuentas, innovación, desarrollo sostenible, cooperación público-privada, etc. Al mismo tiempo, la tecnología ha desarrollado un rol central, por su potencial a la hora de la puesta en práctica del Gobierno Abierto (pensemos, por ejemplo, en las posibilidades de Internet para la difusión de información pública o para la digitalización de algunas interfaces de participación ciudadana).
El gobierno digital refiere al uso y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs) y sus herramientas en la prestación de servicios públicos. Se trata de la aplicación de la tecnología con el objetivo de mejorar las capacidades de comunicación y lograr con ello gobiernos más eficientes. En la actualidad, está basado principalmente en la implantación de herramientas como portales, redes sociales, apps y comunidades virtuales que buscan mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos estatales internos y en las vinculaciones con la sociedad.
Sin embargo, es preciso poner atención en una distinción. Gobierno Abierto no es lo mismo que gobierno digital o electrónico. Este último busca fomentar la introducción y uso de tecnologías de información y comunicación en la gestión estatal, a partir de principios de eficiencia y transparencia. A diferencia del Gobierno Abierto, el gobierno digital se orienta a cuestiones de gestión. Así como un Gobierno Abierto podría serlo sin contar necesariamente con el auxilio de la informática, un gobierno electrónico no es necesariamente abierto.
Una cuestión clave a tener en cuenta es que el uso del concepto de gobierno digital no implica un cambio en los valores ni en los principios que rigen el desempeño del sector público, sino que refiere exclusivamente al uso de las tecnologías con la finalidad de elevar el rendimiento, la eficiencia y eficacia de los procesos gubernamentales y la prestación de los servicios públicos.
Tenemos que distinguir entre políticas de Gobierno Abierto y tecnologías de gobierno digital: la tecnología puede transparentar la información pública, empoderando a terceros para que contribuyan y colaboren; pero ni los avances tecnológicos por sí solos resuelven los debates en torno a la vida cívica, ni las mejoras tecnológicas son sustitutas de los mecanismos de rendición de cuentas.
Ambos procesos son positivos, pero es preciso evitar nombrar políticas de digitalización como iniciativas de gobierno abierto (rara vez ocurre lo contrario). El GA tiene buena prensa pero requiere realmente dar un paso en materia de uno de sus tres principios. Ejemplo: la incorporación de la posibilidad de realizar trámites on line, si bien digitalizan y eficientizan el gobierno facilitando y simplificando la relación entre Estado y ciudadanía, no significa ningún avance en términos de transparencia, participación o colaboración. El gobierno abierto busca democratizar, mientras que el gobierno digital se orienta a la eficiencia. Digitalizarse es consecuencia de incorporar tecnologías propias de este momento histórico, abrir es consecuencia de la voluntad política.